Presentación
A partir de los últimos años se han ido haciendo cada vez más evidentes las distintas contradicciones que aquejan al sistema educacional, tanto a nivel universitario como escolar, cuyas causas se remontan al programa de descentralización del sistema educativo impuesto durante la Dictadura Militar a comienzos de la década del ochenta.
A treinta años de la aplicación de la Ley General de Universidades de 1981 (lo que significó no sólo la autonomización de los Institutos Pedagógicos, sino también la pérdida de influencia de la Universidad de Chile a nivel nacional) y de la municipalización de la educación escolar, es posible afirmar que el programa de descentralización (que no fue sino una estrategia de privatización) aún en vigencia representó, y sigue representando, un verdadero golpe en contra de la educación pública, al imponer a las instituciones de propiedad estatal del nivel terciario el autofinanciamiento como base de su desarrollo institucional a causa de la disminución progresiva del Aporte Fiscal Directo; y al imponer a los establecimientos escolares dependientes del Estado una administración no ya estatal, que asegurara su desarrollo institucional, sino una municipal, la cual, en la práctica, se encuentra sujeta a la voluntad política de los Alcaldes.
Los actuales problemas no sólo se traducen en cuestiones de índole económica (como el ingente endeudamiento del estudiantado universitario, el autofinanciamiento de las casas de estudio, incluidas las universidades estatales o la carencia de recursos de las escuelas y liceos públicos), sino también, en cuanto a la “calidad” misma de la educación, lo que ha provocado serias desigualdades, principalmente en la enseñanza básica y secundaria. En este sentido, notamos que el panorama de la educación pública actual está definido de acuerdo a coordenadas económicas, estableciendo con ello una determinada idea de educación que influye en su función y desenvolvimiento, lo que en definitiva exige un determinado rol de los sujetos y actores incluidos en ella. La aplicación de la lógica del mercado, ha acentuado además, las desigualdades sociales consolidando el carácter reproductivo del sistema educativo en general.
Estas cuestiones, sin embargo, pueden considerarse como fenómenos que se derivan de la aplicación de una idea más general respecto a la educación, y que se basa en entender a ésta como un producto que puede regularse por los intereses de los consumidores y de los prestadores.
La crisis educacional nos obliga, por lo tanto, a discutir los alcances de la lógica del mercado, considerando las problemáticas que giran en torno a la función, entrega y distribución de la educación bajo esta nueva lógica, tanto en su nivel económico (competencia por capitales, endeudamiento de los alumnos, competencias por fondos, etc.), como en su nivel administrativo (la desarticulación de los diversos proyectos educativos de los establecimientos escolares, la sobre-oferta de determinadas carreras, la distancia formativa entre las licenciaturas y las pedagogías, entre otros). Problemas que han creado una verdadera fragmentación del conocimiento en función del caos de la oferta y la demanda.
Todo esto nos lleva a replantearnos preguntas fundamentales con respecto al significado y el sentido de la educación pública, en torno a su actual desarrollo y funcionamiento: ¿Qué es la educación pública? ¿Cuál es su función en la actualidad? ¿Puede ésta transformarse en una mercancía? ¿Puede una mercancía esgrimir un carácter público? ¿Puede ser pública y, por tanto, igualitaria una educación de mercado? ¿Qué significa la libertad de enseñanza y la autonomía dentro del contexto neoliberal? ¿Qué contenidos entrega la educación pública y para qué? ¿Cómo son definidos los actores de la educación pública? etc. Preguntas todas que, dada la actual crisis, se tornan irremediablemente necesarias.
Es por estas razones que proponemos una discusión interdisciplinaria en torno a la problemática que plantea la relación entre Educación y Mercado, a la que puedan sumarse la Facultad de Filosofía y Humanidades, el Departamento de Estudios Pedagógicos, el Departamento de Educación de la FACSO y, eventualmente, entidades de otras casas de estudio, con el fin de recuperar el espacio que ocuparon nuestras disciplinas y la Universidad de Chile en la determinación del Sistema Nacional de Educación y del proyecto país que supone.
Comité organizador:
Carlos Ruiz S.
Francisco Herrera.
Diana González T.
Paola Madrid.
Sebastián Núñez.
Juan Pablo Oyarzún B.
A treinta años de la aplicación de la Ley General de Universidades de 1981 (lo que significó no sólo la autonomización de los Institutos Pedagógicos, sino también la pérdida de influencia de la Universidad de Chile a nivel nacional) y de la municipalización de la educación escolar, es posible afirmar que el programa de descentralización (que no fue sino una estrategia de privatización) aún en vigencia representó, y sigue representando, un verdadero golpe en contra de la educación pública, al imponer a las instituciones de propiedad estatal del nivel terciario el autofinanciamiento como base de su desarrollo institucional a causa de la disminución progresiva del Aporte Fiscal Directo; y al imponer a los establecimientos escolares dependientes del Estado una administración no ya estatal, que asegurara su desarrollo institucional, sino una municipal, la cual, en la práctica, se encuentra sujeta a la voluntad política de los Alcaldes.
Los actuales problemas no sólo se traducen en cuestiones de índole económica (como el ingente endeudamiento del estudiantado universitario, el autofinanciamiento de las casas de estudio, incluidas las universidades estatales o la carencia de recursos de las escuelas y liceos públicos), sino también, en cuanto a la “calidad” misma de la educación, lo que ha provocado serias desigualdades, principalmente en la enseñanza básica y secundaria. En este sentido, notamos que el panorama de la educación pública actual está definido de acuerdo a coordenadas económicas, estableciendo con ello una determinada idea de educación que influye en su función y desenvolvimiento, lo que en definitiva exige un determinado rol de los sujetos y actores incluidos en ella. La aplicación de la lógica del mercado, ha acentuado además, las desigualdades sociales consolidando el carácter reproductivo del sistema educativo en general.
Estas cuestiones, sin embargo, pueden considerarse como fenómenos que se derivan de la aplicación de una idea más general respecto a la educación, y que se basa en entender a ésta como un producto que puede regularse por los intereses de los consumidores y de los prestadores.
La crisis educacional nos obliga, por lo tanto, a discutir los alcances de la lógica del mercado, considerando las problemáticas que giran en torno a la función, entrega y distribución de la educación bajo esta nueva lógica, tanto en su nivel económico (competencia por capitales, endeudamiento de los alumnos, competencias por fondos, etc.), como en su nivel administrativo (la desarticulación de los diversos proyectos educativos de los establecimientos escolares, la sobre-oferta de determinadas carreras, la distancia formativa entre las licenciaturas y las pedagogías, entre otros). Problemas que han creado una verdadera fragmentación del conocimiento en función del caos de la oferta y la demanda.
Todo esto nos lleva a replantearnos preguntas fundamentales con respecto al significado y el sentido de la educación pública, en torno a su actual desarrollo y funcionamiento: ¿Qué es la educación pública? ¿Cuál es su función en la actualidad? ¿Puede ésta transformarse en una mercancía? ¿Puede una mercancía esgrimir un carácter público? ¿Puede ser pública y, por tanto, igualitaria una educación de mercado? ¿Qué significa la libertad de enseñanza y la autonomía dentro del contexto neoliberal? ¿Qué contenidos entrega la educación pública y para qué? ¿Cómo son definidos los actores de la educación pública? etc. Preguntas todas que, dada la actual crisis, se tornan irremediablemente necesarias.
Es por estas razones que proponemos una discusión interdisciplinaria en torno a la problemática que plantea la relación entre Educación y Mercado, a la que puedan sumarse la Facultad de Filosofía y Humanidades, el Departamento de Estudios Pedagógicos, el Departamento de Educación de la FACSO y, eventualmente, entidades de otras casas de estudio, con el fin de recuperar el espacio que ocuparon nuestras disciplinas y la Universidad de Chile en la determinación del Sistema Nacional de Educación y del proyecto país que supone.
Comité organizador:
Carlos Ruiz S.
Francisco Herrera.
Diana González T.
Paola Madrid.
Sebastián Núñez.
Juan Pablo Oyarzún B.